Artículos

"La realidad del funcionario"
Artículo de Francisco J. Bastida, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo:

Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplauden de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.

Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.

Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.

Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, LO MÁS SANGRANTE NO ES EL RECORTE ECONÓMICO EN EL SALARIO DEL FUNCIONARIO, SINO EL INSULTO PERSONAL A SU DIGNIDAD. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «MOSCOSOS» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos.

En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.

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"Funcionario: se busca"
Artículo publicado en el blog Valles y cumbres: http://vallesycumbres.blogspot.com.es/2012/01/funcionario-se-busca.html

De mediocres ("con ese sueldo no podrás aspirar a mucho") a privilegiados ("es que no sabes la suerte que tienes") en menos de 5 años. Hemos pasado de ser la medianía, del "iba para alguien importante pero se quedó en el camino", de "un albañil gana el triple que tú" a ser los envidiados y perseguidos por la sociedad.
A todos nos gusta tener limpia nuestra calle, disponer de una ambulancia si nos pasa algo, saber que un camión de bomberos viene a nuestra casa si hay un incendio, o contar con un policía en caso de urgencia. Es decir, nos gusta el Estado del bienestar, pagado en los últimos 30 años con los impuestos de todos: es una manera justa de vivir y de tener servicios básicos, independientemente del dinero que se gane. Estos servicios deben llegar a toda la población, y por tanto en algunos casos deben ser económicamente deficitarios -aunque en los tiempos que corren casi sea un sacrilegio decirlo en voz alta-. Toda la gente tiene derecho a contar con un cartero, un médico o un maestro cerca de su vivienda y así debe ser, por encima de crisis artificiales o momentos puntuales.


El sector privado busca su propio beneficio económico. Y punto. ¿Alguien ha visto un colegio privado en una remota aldea de los Pirineos? ¿Y un hospital privado? Es obvio que no puesto que no es rentable, aunque esa gente también tenga derecho a los servicios básicos: por eso existe la Administración y por consiguiente existen sus trabajadores, que son los funcionarios. Estas personas acceden a su puesto después de un proceso público de selección, en muchas ocasiones extremadamente exigente. Las condiciones de trabajo de los funcionarios son generalmente aceptables pero recordemos que no ha sido siempre así: se consiguieron tras décadas de lucha, huelgas y negociaciones.


En los últimos meses, coincidiendo con el recrudecimiento de la crisis, políticos y empresarios han disparado toda su munición contra el funcionariado, poco menos que culpándolo de la situación actual. Ya adelantamos que no somos los maestros, conserjes, administrativos o guardias civiles los que hemos reventado la macroeconomía mundial, pero sí que estamos pagando los platos rotos. Aún no hemos visto ni un solo ajuste de la patronal: ¿por qué no un recorte del 10% en el sueldo de los grandes empresarios, recaudado y destinado al Ministerio de Hacienda? Si tanto saben de recortar y se les llena la boca con que es la única manera de salir de la crisis, no vemos por qué no deben empezar ellos. Y más para la CEOE: el 70% del fraude fiscal lo cometen las grandes empresas, mientras que los funcionarios declaran hasta el último céntimo desde que empiezan a trabajar hasta su jubilación. Por favor, que no den lecciones de nada, y menos una organización que eligió a Díaz Ferrán como presidente.


Nosotros nos dedicamos a la enseñanza. Solo nos creemos privilegiados porque trabajamos en la profesión más bonita del mundo, pero no por nada más. Las condiciones de trabajo de los funcionarios son accesibles a todas las personas: nosotros elegimos esta forma de ganarnos la vida, pero nadie nos la regaló sino que tuvimos que esforzarnos para conseguir un puesto de trabajo digno y estable. ¿Debemos pedir perdón por ello? Rotundamente no. ¿Debemos dejar que nos precaricen en silencio, sin derecho a quejarnos ni luchar por nuestros derechos? Absolutamente no. ¡Todos los puestos de trabajo deberían tener unas condiciones dignas, públicos o privados!

       ¿De verdad lo que sobran son funcionarios?
Cuando una persona de "interés general" utiliza un medio de comunicación "público e imparcial" para criticar al funcionariado, está manipulando claramente a la sociedad. De un tiempo a esta parte nos encontramos con multitud de declaraciones salpicadas de medias verdades -sin duda peores que las mentiras-, poniendo a la gente en contra del funcionariado; "confundirse" sobre las horas semanales de trabajo de manera malintencionada (confundiendo así a la sociedad); afirmar que es justo bajar el salario a los trabajadores de la Administración; tacharlos de irresponsables ante la opinión pública... La audiencia se encoleriza en un movimiento perfectamente calculado y clama por las cabezas de tales parásitos sociales: ya hay vía libre para arrasar con ellos.

Solo faltan los carteles de "Wanted" por las calles. Generalizar es cómodo pero la mayoría de las veces lleva a error: muchísimos de nosotros no es que cumplamos con las dichosas 37,5 horas semanales, es que las superamos con creces. Demostramos nuestra valía al ingresar al cuerpo, seguimos haciéndolo a diario, ¿y como recompensa se nos congela o baja el sueldo, y además sufrimos los comentarios y miradas de desaprobación de la sociedad? No es justo, como tampoco lo es el abaratamiento del despido, los contratos basura, la explotación laboral o los ERE de empresas con beneficios. Páremonos a pensar: ¿solo porque yo estoy jodido, quiero que tú también lo estés? Pues esa idea es la que pretenden transmitir las personas "de interés general" para legitimarse ante la sociedad y precarizar al funcionario: primero hunden a los trabajadores de un sector (el privado) para luego desprestigiar y poner al otro (el público) en su mirilla mediante el "mira qué privilegiados". Divide y vencerás.

Reforzando lo escrito en la anterior entrada, sabemos que siguen existiendo unos pocos especímenes que responden al estereotipo de funcionario vago e incompetente (desapariciones misteriosas, cafés de hora y media, "vuelva usted mañana"): son los menos, pero desgraciadamente los que más llaman la atención y hacen ponerse el sambenito al resto. Por cada uno de esos -a los que habría que fulminar del puesto-, hay cientos de enfermeras, trabajadores sociales o peones de mantenimiento que hacen su trabajo a la perfección. Y para eso pedimos más inspección y la dignificación del funcionariado, no unos carteles cutres que solo hinchan el despilfarro autonómico y nacional.

Resumiendo, la campaña de desprestigio contra el funcionariado es del todo injusta. Nadie se acordaba de nosotros cuando en plena burbuja los salarios eran 10 veces mayores de lo normal, y las nóminas de los empleados públicos apenas subían el IPC anual. No somos unos privilegiados: la seguridad y las condiciones de trabajo deberían ser estables y dignas para todos, pero criticar al que las tiene es consecuencia de la manipulación o de no haber reflexionado lo suficiente. Esto no es una lucha entre funcionarios y no funcionarios, justo al contrario: juntos sí podremos luchar para conseguir trabajo digno para todos.
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“El Funcionario no es una vaca”

Artículo de Gustavo Zaragoza, profesor de Política Social de la Universidad de Valencia, publicado el pasado 14 de mayo en el periódico Levante: http://www.levante-emv.com/opinion/2012/05/14/funcionario-vaca/904718.html

Hablar de cualquier colectivo de manera genérica tiene enormes riesgos. En todo grupo humano numeroso cabe el sesgo de utilizar estereotipos, y anécdotas, pero con carácter general es difícil rebatir que los funcionarios han sido una pieza clave en la expansión de la democracia en nuestros país y un elemento fundamental a la hora de garantizar elevados niveles de calidad de vida entre los españoles. Sobre los funcionarios han recaído la educación, la sanidad, la seguridad, la justicia y la investigación, entre otras funciones, a pesar de lo cual, desde hace algún tiempo, aprovechando determinadas leyendas negras, sainetes y ejemplos fuera de contexto, el funcionario español parece haberse convertido en el enemigo a batir, se ha demonizado su función.

Este proceso de descalificación forma parte de un ataque orquestado contra los servicios públicos, con tres momentos de actuación muy evidentes. En primer lugar, se ha desprestigiado lo público, a continuación se ha precarizado imponiendo condiciones de insostenibilidad y en tercer lugar aparecerá el mercado salvador, la empresa privada sin los problemas de lo público y establecerá una reglas del juego nuevas. Tan nuevas como procedentes del siglo XIX. El primer paso ha sido realizado con enorme éxito: en estos momentos, lo público y sus protagonistas forman parte de los problemas de este país y no de sus soluciones. Se está poniendo contra las cuerdas a los empleados públicos en una espiral de destrucción muy clara. Han sido utilizados como dique de contención frente a la crisis mediante la congelación y posterior rebaja de salarios para sufragar los fastos, endeudamientos y despilfarros. Se les ha aumentado el horario de trabajo, por tanto se les ha vuelto a rebajar el salario, están sometidos a prácticas tan abusivos como recortar el sueldo en situaciones de baja médica, con lo cual un funcionario medio (y esto es un ejemplo real) sometido a una intervención quirúrgica, como consecuencia de la cual deba estar unos 45 días de baja, le puede repercutir en su salario, alrededor de los mil euros.

Pero hay más. Otra vez bajo la doctrina del shock, a los funcionarios se les ha limitado la carrera profesional, se han puesto en cuestión reglas de juego sobre las que se escribían las garantías de los ciudadanos, moviendo de sus puestos a funcionarios con plaza fija, se han asumido tareas funcionariales por personas de confianza y empresas afines a los gobernantes, con lo cual se está incrementando innecesariamente el gasto y denigrando al funcionario. Evidentemente, alguien ha confundido a los funcionarios con una vaca a la que se puede exprimir y esquilmar hasta el momento de su remisión al matadero Y con todo esto, ¿qué ocurrirá mañana? Muy sencillo, ahora ya solamente falta el último golpe de efecto, la entrada de la empresa privada, sin procesos selectivos trasparentes de sus efectivos, sin independencia en los profesionales y bajo la presión y el mandato autoritario del patrón que no solamente paga, sino que también decide sobre sus vidas y haciendas y de paso sobre las de todos los ciudadanos a los cuales se les impone la santa voluntad del grupo dominante del momento. Misión cumplida.
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DERECHOS, QUE NO PRIVILEGIOS
(Carta enviada por la madre de un alumno de IES Profesor Máximo Trueba, de Boadilla del Monte (Madrid) http://iestrueba.wordpress.com/2012/03/28/derechos-no-privilegios/)

Según el Diccionario de uso del español de María Moliner, privilegio es la excepción de una obligación, o posibilidad de hacer o tener algo que a los demás les está prohibido o vedado, que tiene una persona por una circunstancia propia o por concesión de un superior. Por el contrario,derecho es la circunstancia de poder exigir una cosa porque es justa.

Soy funcionaria, me dedico a la docencia y trabajo en un instituto de educación secundaria, en este país. Y no, yo no tengo privilegios.

El sueldo que cobro es un derecho que me gano honradamente con mi trabajo. Está regulado por un convenio en el que participan y firman todas las partes interesadas. Es transparente, cualquier ciudadano puede saber lo que cobro. Hacienda conoce perfectamente mis ingresos, en mi declaración no cabe el fraude ni la picaresca. Mis ahorros, pocos, están en entidades bancarias completamente controladas por el estado, y no en paraísos fiscales. Me levanto todas las mañanas a las seis y media para ir a trabajar. Cuando regreso estoy cansada, porque, aunque no lo parezca, este oficio es agotador. Diariamente doy cuenta de mi trabajo primero a mis alumnos y por supuesto a sus padres, luego a mi director y, si es preciso, al inspector de mi zona, porque yo sí tengo jefes.

Obtuve mi puesto de trabajo aprobando una oposición, que por si alguien no lo sabe, es una prueba muy dura, y no hubo enchufismos de ninguna clase.

Si tengo que ir a trabajar en coche, el vehículo es propio y pago la gasolina, yo no tengo coche oficial ni chófer. Si he de quedarme a comer, me pago la comida, yo no cobro dietas. El café y el almuerzo corren por mi cuenta, y hasta los bolígrafos rojos que gasto para corregir los ejercicios de mis alumnos, los compro con mi dinero. Los libros de texto y de lectura que necesito para trabajar, de momento, nos los ceden, gratuitamente las editoriales, tampoco les cuestan un euro a la Administración.

No, yo no tengo privilegios. Alguien podrá pensar que disfruto de un mes de vacaciones más que el resto de mortales. Pero durante el curso escolar trabajo prácticamente todos los domingos, y cuando no trabajo en domingo es porque lo he hecho en sábado. Si cuentan todos estos días, verán que suman más de 31, que son los que tiene el mes de julio.

Cuando llevo a mis alumnos de excursión o de viaje, les dedico las 24 horas, dejando a mis hijos y a mi familia.

No, yo no tengo privilegios. Y sin embargo me siento privilegiada. Sí, me siento privilegiada porque considero que mi trabajo es muy importante y valioso y realizo un servicio social. Me siento privilegiada cuando veo crecer y madurar a mis alumnos, los veo superar sus dificultades y aprender, y yo estoy ahí ayudándoles, aunque solo sea un poquito. Me siento privilegiada cuando mis alumnos me saludan por la calle, casi siempre con una sonrisa y cuando hablo con sus padres con la cordialidad propia de quienes comparten objetivos. Me siento privilegiada cuando encuentro a antiguos alumnos y me hablan de sus vidas, de sus éxitos y sus proyectos. Y sobre todo me siento privilegiada porque trabajo rodeada de extraordinarios profesionales que se dejan la piel día a día para llevar a buen puerto esta nave que la Administración se empeña en hacer zozobrar.

Sí, estos son mis privilegios, pero puedo asegurarles que no le cuestan ni un euro al contribuyente.

Con todo, no crean que quiero ponerme medallas, nada más lejos. En el fondo me siento como el siervo inútil del Evangelio, al fin y al cabo solo cumplo con mis obligaciones. Pero es importante no confundir derechos con privilegios.

Los recortes en Sanidad y Educación, son recortes en derechos y no en privilegios. Que no os confundan. No veáis enemigos donde hay amigos, ni verdugos donde hay víctimas como vosotros. Confundir es un arma del poder para camuflar al verdadero culpable.

Con todo lo que está cayendo sobre los docentes, lo que más me duele no es la pérdida de poder adquisitivo, sino el menoscabo moral al que se nos está sometiendo. Solo pido a la sociedad, respeto.

A los políticos, honestidad, porque muchos han olvidado el significado de esa palabra, si es que lo conocieron alguna vez. También les pido valentía, porque pisotear al débil es de cobardes. Los culpables de esta crisis son mucho más poderosos que nosotros y sí tienen privilegios, que lo paguen ellos.

Por la dignidad del docente, que es lo que no nos pueden quitar.
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VIERNES NEGRO

Artículo redactado por compañeros de la Delegación Territorial de la Junta y Castilla y León en Salamanca, que han enviado a la sección de Cartas al Director de distintos periódicos (La Gaceta de Salamanca, ABC, El Mundo y El Norte de Castilla). A día de hoy el artícuo no ha sido publicado en ninguno de estos diarios

Al igual que no todos los españoles somos toreros o bailadores de flamenco, los funcionarios tampoco somos los responsables, ni de lejos, de la actual crisis que padece este país. Y digo esto porque últimamente parece que se están cargando las tintas sobre este colectivo denostado y vilipendiado sobre el que ciertos políticos cargan las tintas, tan negras como el nuevo uniforme que todos los viernes vamos a calzar. De ahí lo de “Viernes Negro”. Esta es nuestra forma pacífica de protestar por ese movimiento tan de moda que es la “funcionario-fobia”. Pacífica porque no salimos a la calle a vocear consignas manidas que no llevan a ninguna parte pues, o no llegan a oídos de los responsables, o bien éstos hacen “oídos sordos”. A fin de cuentas ¿Quiénes somos? ¿qué hacemos por este nuestro país? Y es que estamos cansados de que se nos minusvalore desde la ignorancia o el verbo fácil producto del gran pecado nacional que es la envidia. No nos han regalado el puesto, me refiero naturalmente a los funcionarios de verdad, a los que hemos accedido a la Función Pública mediante Concurso-Oposición sacrificando parte de nuestra vida en la preparación de duras oposiciones, y no a los, cada vez más numerosos, trepas y pela-manillas que acceden a puestos privilegiados a través de favores políticos, estómagos agradecidos que obedecen cualquier consigna. Y es que la esencia del funcionariado, la original, la fetén, es que somos un cuerpo que, independientemente del color o la tendencia política, trabaja por y para el administrado, o al menos así era hasta que desde hace unos años la situación dio un vuelco cuando comenzaron a aparecer como setas las consabidas Fundaciones y demás organismos nocivos que, además de ser la sede de muchos de esos “estómagos agradecidos” se han llevado gran parte del trabajo que tradicionalmente veníamos realizando los funcionarios de a pie.

Y es que han sido, y probablemente sigan siendo, muchas las medidas absurdas que se han adoptado al abrigo de la crisis. Una de las más perentorias y absurdas es el incremento del horario ¿Y por qué? Pues por que la Administración de alguna manera trabaja al ritmo que marcan el resto de colectivos y si estos no generan trabajo la Administración también se resiente (efecto dominó). Es decir, que si no se construye, no hay apertura de negocios, transacciones, licencias… de nada sirve que permanezcamos en nuestros puestos de trabajo durante más horas, pero claro, de cara a la galería estas medidas quedan muy apropiadas, muy vistosas, como la de las reducciones de sueldos, de días de permiso, parte proporcional de las pagas extras, todos esas prebendas de las que tanto se pavonean nuestros funestos Sindicatos, mejoras conseguidas a lo largo de los años, aplicadas en pequeñísimas dosis y que, así, por arte de magia, desaparecen de un plumazo con la simple rúbrica del político de turno felizmente respaldado por las numerosas aportaciones económicas que les pagamos todos los españoles.

Se necesitarían muchas resmas de papel para poder explicar de forma clara y concisa las causas, los motivos que nos han conducido a tomar esta simple determinación de agarrarnos a los “Viernes Negros” pues ese el color, el negro, el más apropiado para  expresar que estamos tan negros por fuera como por dentro.

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Funcionarios
Por Rosa Villacastín
Publicado en el ‘Diario de León’ el 15/06/2012 –  Pagina 72. Sección EL ABANICO

Lo peor de la crisis no es solo que la mayoría de los españoles hayan perdido o hayamos perdido poder adquisitivo, que los pisos valgan menos de lo que se pagaron por ellos, que la mayoría de los puestos de trabajo estén en el aire, que haya aumentado escandalosamente el paro, la pobreza, que los servicios sociales hayan empeorado con lo que eso supone para amplios sectores de la población —siempre los más desfavorecidos—, pero siendo todo esto asfixiante, lo peor de esta maldita crisis es el miedo con que vivimos desde que hace un año tomamos conciencia plena de que la clase política —la nuestra y la europea en general—, no sabe cómo sacarnos del atolladero en que ellos mismos nos han metido, con la ayuda inestimable, eso sí, de unos banqueros que han gestionado sus negocios con usura, dando la impresión de que nos estaban proporcionando el maná que nos mantendría en la burbuja de la abundancia por los siglos de los siglos amen.

Pero siendo todo esto gravísimo, lo peor de esta crisis es el desprestigio que sufren los funcionarios públicos, quienes sin comerlo ni beberlo se han convertido en los chivos expiatorios de quienes ante su incapacidad para gestionar los presupuestos de sus autonomías o del Gobierno central, dedican todo su esfuerzo en poner en el punto de mira a los que con esfuerzo y una oposición tienen trabajo estable, o tenían. Sin reparar en que funcionarios son los profesores que día a día luchan para que nuestros hijos tengan una mayor formación. Funcionarios son los médicos o enfermeros que nos atienden en los centros de salud y en los hospitales, los que salvan la vida de nuestra gente, o se la hacen más llevadera. Funcionarios son los jueces, los fiscales que se enfrentan, a veces con grave riesgo para su vida, al terrorismo, o al poder del dinero o de la política. Funcionarios son los policías, los Guardias Civiles que vigilan nuestras ciudades para que nosotros podamos dormir un poco más tranquilos.

Exijamos a los políticos que se dejen de monsergas, y de hacer pagar a justos por pecadores, el origen de una crisis que está arrasando con los logros logrados tras años de lucha y sacrificio, el Estado de bienestar. Algo que no podemos permitir, gobierne quien gobierne.
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ARTÍCULO ESCRITO POR IGNACIO ARIAS DIAZ (LETRADO DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS):

"EL INCREMENTO DE JORNADA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS: UNA MEDIDA REGRESIVA E INÚTIL"

"El incremento de jornada de los empleados públicos incluido por el Gobierno en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 con el carácter de básico y aplicable, por tanto, a todas las administraciones públicas, es injusto, regresivo, inútil y lejos de traducirse en una mayor productividad, va a suponer un mayor gasto e incrementar –más si cabe- el cabreo de los servidores públicos que, una vez más –y van...- son las víctimas inocentes de un Gobierno sin imaginación ni recursos para hacer frente a la crisis, que actúa más para satisfacer las ansias de sangre –metafóricamente hablando- de una sociedad que ve a los funcionarios como unos vagos inútiles que parasitan el presupuesto público y son inmunes a la delicada situación económica que planea sobre Europa y se ceba, en especial, en países como España que, hasta ahora, vivían en el país de Alicia.

La medida es regresiva y retrotrae a los empleados públicos treinta años en el túnel del tiempo, recuperando una jornada casi medieval.

Aún así, podría entenderse este retroceso si simultáneamente se hubiera actuado sobre el otro pilar del entramado institucional, pero al no hacerlo, la medida es además, ilegítima.

En efecto. El actual sistema democrático se estructura sobre dos pilares fundamentales, la denominada democracia, integrada por los políticos de elección, de designación y por los altos cargos, y la llamada burocracia, de la que forman parte los empleados públicos, en general: funcionarios, laborales y personal eventual.

Si el incremento de la jornada de trabajo supone retrotraerse al régimen vigente hace treinta años y se hubiera actuado sobre la democracia con los mismos efectos temporales, se hubiera disminuido de un plumazo el 70 por 100 de los políticos de elección, de designación y los altos cargos, todos los entes auxiliares (consejos consultivos, sindicaturas de cuentas y defensores del pueblo autonómicos), así como el 95 por 100 de los denominados “chiringuitos” en el lenguaje político. Además, en esa época los políticos no percibían retribuciones fijas, sino solamente dietas de asistencia.

Estas medidas hubieran supuesto un ahorro considerable en el gasto público que, con toda seguridad, hubiera evitado la adopción de medidas económicas drásticas. Sencillamente no existiría déficit o, de existir, no hubiera requerido “rescate” alguno.

Lo que no es justo es que se actúe siempre sobre los más débiles e indefensos, los empleados públicos, en general, y los funcionarios, en particular.

Por otro lado, el incremento de jornada es una medida tan injusta como inútil. Es injusta porque de nuevo se centra el foco de atención de la sociedad sobre el funcionario –algún sector mediático habla de que hay que apretarles las tuercas-, cuando los funcionarios son las víctimas de una política errática, poco imaginativa, que trabaja más de cara a los medios que en la búsqueda de la mejora de la eficacia en el servicio público.

A la rebaja salarial a la que se apela permanentemente para reducir gastos, se suma ahora un incremento de jornada que lejos de traducirse en una mayor producción, va a suponer un mayor gasto. Es, por tanto, una medida inútil.

Como ya venimos sosteniendo reiteradamente, en la Administración no se fabrican tornillos y, por tanto, a mayor dedicación no hay mayor producción. Todo lo contrario, se incrementa la irritabilidad del funcionario que, sintiéndose por enésima vez tratado injustamente, lejos de reaccionar con un compromiso mayor en la prestación del servicio, lo asumirá  como una obligación –los funcionarios son muy respetuosos con la legalidad y  asumen que están jerárquicamente subordinados a la clase política-, pero formal, no material. Además, supondrá un mayor gasto porque el funcionario que tiene que acudir una tarde más al trabajo va a incrementar el consumo de luz, de agua, de aire acondicionado, de material de oficina, sin que ello se traduzca en una mejora del servicio público.

Es una medida que, además, resulta paradójica en momentos de crisis en los que la Administración ha disminuido notablemente todo tipo de ayudas y prestaciones y, por tanto, habrá un decremento notable en el volumen de expedientes administrativos, con lo cual, a menor actividad, por chocante que resulte, mayor dedicación. ¿Quién asesora al Gobierno? ¿Un eventual sin titulación pero asimilado retributivamente a un Grupo A1? Por los resultados, seguramente, sí.

Vivimos tiempos difíciles. Tenemos un país que ha engordado incontroladamente el gasto público. Pero el Gobierno, lejos de actuar como lo haría un buen cirujano, esto es, eliminando tejido adiposo (sector público, altos cargos, eventuales), adelgazando al enfermo para que mejoren sus constantes vitales, actúa directa e insistentemente sobre los funcionarios, que son los órganos vitales de esa masa corpórea que es la Administración, y está a  punto de provocar un colapso que va, si no a acabar con la vida del enfermo, a  sumirlo en un estado de coma irreversible que va a hacer muy difícil su recuperación.

Ser funcionario es el precipitado final de un esfuerzo, de una competición, de un triunfo sobre los demás, de muchos años de preparación. Un empleo público, sobre todo, de funcionario, no es ni un regalo ni un premio en un sorteo. Es fruto de un gran sacrificio personal y familiar y así debiera ser reconocido por la sociedad. La función pública está abierta a todo el mundo. Es un proceso competitivo al que todos pueden concurrir. Un proceso selectivo es quizá el sistema más democrático y el más respetuoso con el principio de igualdad de oportunidades. Pero no sólo basta aprobar, hay que ser el mejor entre miles de aspirantes, y el éxito sólo se alcanza con constancia y perseverancia.

La sociedad debería ser más justa a la hora de valorar la condición de funcionario y el Gobierno no debería fomentar la ignorancia de esa sociedad, sino defender al funcionario que es la clave y la memoria histórica del sistema democrático.

Ciertamente, la jornada del sector privado difiere de la del sector público. Pero no hay que olvidar que la actual jornada de los empleados públicos es fruto de una negociación colectiva en la que se renunció a subidas salariales a cambio de reducción progresiva de jornada. Recuperar, por tanto, la jornada anterior incide doblemente en las retribuciones de los funcionarios. La jornada de treinta y siete horas y media actual no es un privilegio. La productividad no se mide en horas de trabajo. Se mide en ilusión, en dedicación, en esfuerzo, en formación continua. Nuestros funcionarios no tienen dos eurocopas y un campeonato del mundo, pero son permanentes y auténticos campeones en asumir y resolver los retos que una sociedad evolucionada como la nuestra va planteando. No piden, por ello, reconocimientos públicos -es su obligación- pero, al menos, dispensémosles el respeto profesional y laboral que merecen."
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Montoro, Los Funcionarios Y La Empresa Privada
Por Ignacio Arias.

13 de Julio de 2012 | El Sr. Montoro, ha vuelto a meter el dedo en el ojo de los funcionarios reivindicando que se les apliquen las pautas organizativas y de funcionamiento de la empresa privada.

A diferencia de otras ocasiones en las que la improvisación e incontinencia verbal que caracterizan a este Ministro provocan malestar, con esta propuesta, lejos de soliviantar los ánimos, creemos que encontraría la solidaridad y el apoyo necesarios para su implantación, siempre y cuando extendiera su ámbito a todo el sector público español.

En efecto, si el Estado y su Administración funcionaran como una sociedad anónima en la que el Presidente del Gobierno lo fuera del consejo de administración, los ministros, los integrantes de éste y los ciudadanos los accionistas trabajadores, el Sr. Rajoy y el Sr. Montoro ya hubieran sido cesados de modo fulminante, por la nefasta gestión llevada a cabo.

Ninguna Sociedad mantendría como Presidente del Consejo de Administración a una persona que para acceder al cargo presenta un proyecto de gestión en base al cual es elegido y una vez nombrado lo incumple estrepitosamente reconociendo que se equivocó en el diagnóstico y que, por tanto, tiene que cambiar el tratamiento. En ningún ámbito, excepto en el político, se permitiría tal tomadura de pelo. Aun en el marco político, un mínimo sentido de la dignidad y de la ética, aconsejaría dimitir. ¿Qué legitimidad tiene un gobernante que miente?

No vale apelar permanentemente a la herencia recibida. El propio Presidente calificó el traspaso de poderes como ejemplar. ¿Mintió Zapatero o el equipo del Sr. Rajoy estaba integrado por los mismos incompetentes que ahora nos gobiernan?

El Sr. Montoro, tampoco se salvaría del cese. ¿Qué Sociedad mantendría al frente de sus finanzas a un Consejero que ensaya viernes tras viernes y yerra viernes tras viernes en las medidas que aplica conduciendo a la empresa al abismo económico?

Por tanto, cuidado con los mensajes porque pueden matar al mensajero.

No es que restemos valor ni legitimidad al procedimiento democrático de elección de los gobernantes, pero hay que reconocer que el ejercicio de la política ya no se limita a determinar por dónde debe de pasar el AVE o dónde debe construirse un aeropuerto. La política ha evolucionado y ahora implica tomar decisiones muy técnicas que exigen, por tanto, unos conocimientos muy especializados de los que carecen los políticos tradicionales. El ciudadano sigue eligiendo a la clase política con arreglo a los patrones históricos tradicionales, pero la “función política” no es la misma de antaño.

Por tanto, el político no puede seguir apelando a la legitimidad democrática para tomar decisiones que pueden afectar a la economía de sus ciudadanos. Las decisiones técnicas deben ser adoptadas por los técnicos. No basta que pasen por el tamiz de la democracia y de los votos. Los mercados, la globalización de la economía, exigen otros modos de hacer política.

Cuidado, pues, con apelar a las pautas y criterios organizativos de la empresa privada. Si los extrapolamos al ámbito público, los únicos que tendrían toda la legitimidad para integrar la plantilla de la empresa serían los funcionarios públicos, que han acreditado mérito y capacidad.

En todo caso, recordamos, la inamovilidad de los funcionarios públicos, que parece que es la madre de todas las batallas, no es un privilegio, sino la mayor garantía del Estado de Derecho.

Las medidas que el Gobierno viene adoptando viernes tras viernes, están centrando el foco de atención de la opinión pública en el funcionario para desviarlo de los autores principales de la crisis, que son los políticos. La reducción del sueldo, la supresión de la paga extraordinaria de navidad, la reducción de los días de libre disposición, además de las generales que también les afectan como ciudadanos (subida de impuestos, prepago farmacéutico, etc), podrán ser o no medidas obligadas, pero lo que es irrefutable es que para operar a un paciente hay que llegar a sus órganos vitales a través del tejido adiposo. No hay cirujano en el mundo que sea capaz de actuar directamente sobre el órgano sin atravesar la piel. Y en esto es en lo que está errando -¿conscientemente?- el Gobierno.

Los funcionarios son el corazón del sistema y, por tanto, si se actúa sobre el órgano vital se destruye la organización.

Ante la ineficacia y fariseismo del Gobierno, suplimos su falta de realismo sugiriendo una serie de medidas que van al núcleo duro de la cuestión –la clase política- que debieran haber sido aplicadas previamente a reducir un solo euro del salario de los funcionarios y que sí suponen un grandísimo ahorro en el gasto público.

A saber.

Supresión de los estatutos de ex Presidentes del Gobierno y de las comunidades autónomas.
- Supresión del régimen de indemnizaciones y pensiones de los Ministros.
- Supresión de las pensiones indemnizatorias del resto de los altos cargos.
- Supresión del régimen de pensiones de los diputados.
- Derogación del art. 8 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, y, en especial, de su apartado 1, que otorga la condición de consejeros natos de dicha Institución a los ex Presidentes del Gobierno de la Nación.
- Derogación del artículo 17.2, b) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que permite que los eurodiputados, diputados y senadores, diputados autonómicos, miembros de las diputaciones provinciales y concejales decidan qué parte de sus retribuciones quedan exentas del IRPF.
- Implantación de un régimen de incompatibilidades en el ámbito político que responda a la máxima “Un político, un sueldo”, sea cual fuere la procedencia, naturaleza y denominación de este último.
- Eliminación del complemento de alto cargo del que gozan los funcionarios que se han dedicado a la política.
- Exclusión del régimen de aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público del personal eventual. No surgen por necesidades de la Administración, sino de los partidos políticos y, por tanto, sus retribuciones deben ser abonadas por éstos.
Restricción y control de los viajes internacionales de los miembros de las instituciones y órganos estatales y autonómicos que, en todo caso, deben acreditar y justificar cómo, por qué, para qué y cuántos.
- Estudio del sector público estatal y de los sectores públicos autonómicos y locales y supresión de todos aquellos entes, organismos, sociedades y empresas públicas que no respondan al ejercicio de competencias propias de las Administraciones Públicas respectivas.
- Supresión de las subvenciones a los partidos políticos, a los sindicatos y a las organizaciones empresariales, que deben sufragar sus gastos de funcionamiento con cargo exclusivo a las cuotas de sus afiliados.
- Regulación de la responsabilidad patrimonial y, en su caso, penal, de los gestores públicos.
- Obligatoriedad de que las cuentas de los partidos políticos sean públicas y determinación del tope máximo de retribuciones que pueden percibir los presidentes, secretarios generales y demás personal.
- Supresión del régimen de retribuciones de los cargos políticos (con exclusión del Presidente del Gobierno de la Nación y Ministros) y de los cargos electivos y su sustitución por el de dietas de asistencia, fijando un tope máximo de la cuantía de las mismas.
- Supresión de los órganos auxiliares de las comunidades autónomas (consejos consultivos, sindicaturas de cuentas y defensores del pueblo).

Con la aplicación de estas medidas, a buen seguro que se disminuiría considerablemente el gasto público y nos acomodaríamos sin mayor esfuerzo a los criterios de déficit fijados por la Unión Europea. Los funcionarios no son los causantes de la crisis, sino sus víctimas.

Dicho esto, los propios funcionarios debieran pensar en organizarse para reaccionar contra estas medidas tan injustas, evidenciando ante la sociedad que los maltrata, su potencial. No estamos pensando ni en huelgas al estilo tradicional, ni en huelgas de brazos caídos, ni en huelgas de hiperactividad, sino en huelgas de consumo. La sociedad debe ser consciente de que es el funcionario, a pesar de que sus emolumentos son cada vez más exiguos, el que contribuye al mantenimiento del comercio. Bastaría una acción coordinada de todos los funcionarios (parece que ya hay algún movimiento que postula prescindir del café los viernes, al que nos sumaríamos, pero extendiendo el ahorro a lo largo de toda la jornada) para que el consumo se diera un auténtico batacazo y fueran los propios empresarios, con su patrono mayor al frente -Sr. Rosell-, los que dejaran de zaherir a los funcionarios y reclamar insistentemente al Gobierno medidas de recorte.

Una de las actuaciones de mayor impacto pudiera planificarse de cara a las fiestas navideñas coincidiendo, por tanto, con la supresión de la segunda paga extraordinaria, y podría consistir en una restricción total del consumo y, por tanto, de los gastos en alimentación y regalos, que podría culminar con la formulación de propuestas para la elaboración de un menú del funcionario para los días de Nochebuena, Navidad y Nochevieja, similar al que ofrecen en la cocina económica para los más necesitados, puesto que la mayoría de los funcionarios, dadas las circunstancias, serán claramente acreedores de merecer tal calificativo.

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Por Arturo González. Publicado en elpúblico.es

Sirven para estar vivos, para demostrarnos que no somos cadáveres. Porque vivir es protestar. Sirven para que el poder sepa fehacientemente que no estamos de acuerdo con su forma de gobernar, sirven para no cantarle el alirón que tanto les gusta, sirven para irritarles, sirven para que no nos gaseen. Sirven contra las agresiones directas sin haberlas merecido, sirven para gritar que no se puede machacar más y siempre a los mismos, sirven para que las rentas altas progubernamentales al menos se asusten. Sirven para ser congruentes con la dignidad. Sirven para demostrar que una urna no es una meta, sirven para demostrar que si queremos somos soberanos. Sirven para despojarnos del miedo, de la angustia y de los prejuicios. Sirven para demostrar que no nos resignamos. Sirven para que nuestros hijos no se avergüencen de nosotros. Sirven para demostrar que son verdugos. Para comprobar que aún somos ciudadanos y no borregos. Sirven para mantener la esperanza, aunque los resultados no sean inmediatos. Sirven para cristalizar el viejo dicho de que la unión hace la fuerza. Sirven para razonar y hacer razonar. Sirven para que la violencia no se desate. Sirven para avergonzarles, para decirles que están prostituidos en su acción política.

Porque una manifestación no es más que una declaración de intenciones, una exigencia de que no nos hinchen más los cojones. Sirven para sentirnos menos impuros. Para demostrarnos que no estamos locos, ni creemos en supercherías ni miserables fanatismos y adhesiones. Sirven para ser críticos. Sirven para hacer saber que somos los nuevos ricos de la democracia. Para demostrar que somos más civilizados que ellos. Sirven para odiar, sí, odiar, a los corruptos de la solidaridad y el latrocinio. Sirven para reflejar que queremos ser gandhis pero podemos ser cheguevaras y aun robespierres, sirven para no ser castillos inexpugnables ni caracoles enrocados, para dejar claro que no somos lobos si no nos obligan, sirven para demostrar que somos más y más que podemos ser. Sirven para ser decentes. Sirven para hacer posible lo imposible. Sirven para hacer realidad la utopía.

Por eso y para eso, hay que acudir a las manifestaciones del jueves 19 en toda España.

¿O alguno de ustedes cree que no sirven para nada?

13 comentarios:

  1. Estimados amigos
    Me parece estupendo este blog.Yo no soy funcionario,pero mi hermana si lo es,y mi madre también lo fue y se de los problemas que estais teniendo.
    Vidal Fernández Richart

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  2. Hola:
    Ahí va un poco de autocrítica.
    Pues estamos de alguna forma donde nos merecemos........¿Que por qué?, pienso yo que por el inmovilismo que nos caracteriza. Nunca protestamos por nada, nunca nos quejamos, siempre con el sí señor por delante ¿que qué pasó?, que nos dormimos en los laureles. Tenemos una Administración a la que los políticos han destrozado, tenemos unas jerarquías anquilosadas y que delegan el trabajo, que no hacen nada más que cobrar sus fantásticos sueldos...Luego tenemos una población envidiosa, con una envidia alimentada desde el Poder para así poder justificar sus injusticias. Qué si somos los más cultos de la historia, que si vivimos mejor...Pero en realidad todo es mentira, tenemos una población, universitaria y teóricamente preparada que ven "Sálvame" y "Gran Hermano"¿Acaso podemos esperar algo de ellos?, nooooooooo, es decir, que si no nos movilizamos en serio y si no les cantamos las cuarenta a esa pandilla de inútiles que nos gobiernan ahora y siempre y que nos exigen sumisión y que les demos jabón (hay mucho pelota y trepa en este nuestro trabajo), nunca conseguiremos nada.
    Porque digamos lo que digamos, los trabajadores del Estado, que es lo que somos (y OBREROS por mucho que les pese a muchos), no somos un colectivo, somos muchos, y cada cual con un complejo de casta mayor que el otro...¿No nos lo merecemos? Ahora nos toca pagar lo que sembramos. Y tenemos la maldición de que nunca nos pondremos de acuerdo porque somos gente seleccionada y apropiada para los puestos que ocupamos y para la empresa de la que formamos parte.
    Tengo la esperanza de que toda esta injusticia y humillación, nos haga cambiar y replantearnos quienes somos y hacia donde vamos, si realmente somos factores de cambio en la sociedad o seguimos siendo meras muñecas "chochonas" que presumen de aire.
    Ahora es cuando se va a ver realmente lo que somos y qué es lo que estamos dispuestos a hacer ¿Seguiremos mirándonos el ombligo?

    Un saludo

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    1. Soy funcionario de la CA Canarias. Te doy la razón.

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    2. En parte tienes razón, y en parte no. Como en todos los sitios de trabajo hay quien se deja la piel en su trabajo y quien calienta la silla y hace curriculum a costa de los demás. Pero es verdad que tenemos que poner soluciones, y hacer ver que si la administración ha funcionado (mal o bien) es porque estamos aquí, curando enfermedades, enseñando, apagando incendios, gestionando permisos de conducir, dnis, pasaportes, etc. etc.. Por qué no hacer el boicot a las grandes empresas de las que nuestros gobernantes, sus allegados y favorecidos, son participantes, consejeros, socios, etc, que cobran un buen dinero por no hacer nada?. Por qué no dejamos de echar gasolina y nos movemos en bici o a pie, y las petroleras al garete. Por qué no pasamos de las rebajas, y no ahorramos el gasto, cuando el pantalón del año anterior está bien?. Somos muchos funcionarios, que comprando al mínimo podemos hacer el mismo daño que nos vienen haciendo a nosotros desde hace unos cuantos años. No tenemos por qué hacer mal nuestro tabajo para que encima nos denigren más. Creo que tenemos que tomar medidas de fuerza efectiva.

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  3. Servicios contratados a empresas externas:
    Determinados servicios que se ofrecían habitualmente en las oficinas de la Seguridad Social (INSS y TGSS), actualmente se contratan a empresas externas.
    Este es el caso de la emisión de certificaciones como el 'Informe de Vida Laboral' o la "Tarjeta Sanitaria Europea". Incluso, en estas oficinas se dispone de impresoras especiales para emitir ese tipo de tarjetas, que están arrinconadas en un almacén.
    ¿Por qué no se utilizan los recursos materiales y humanos que ya dispone la propia Administración?
    Le manda cojones plantear bajadas salariales o incremento de la jornada laboral de empleados públicos, al mismo tiempo que externalizan servicios que se podrían prestar sin ningún coste adicional.
    ¿En cuántos otros ámbitos de la Administración suceden cosas parecidas?
    Os animo a que contéis lo que cada uno conoce en su entorno.
    Un saludo

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    1. Contemos entre todos a ¿cuántas personas individuales, con contrato fuera de convenio, o empresas se han empleado en hacer tareas que siempre hemos realizado nosotros y para las que la Administración dispone de personal y recursos para desarrollar, simplemente para "contr-chufar" al "contr-miguito" de turno?
      Que yo conozca a 4, con sueldos anuales que superan los 50.000

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  4. Harta de trabajar sin defensa11 de julio de 2012, 3:48

    MEDIAS POSIBLES A TOMAR (A PARTE DE LA DE VESTIR DE NEGRO).
    Se me ocurre alguna idea:
    1. Tomar el café en el trabajo con un termo con la leyenda que diga algo como “no tengo la culpa de la crisis” ó algo así, y después salir a pasear 1 hora. Con esta medida se verían perjudicados muchos que viven a nuestra costa como cafeterías y locales que se encuentran en las inmediaciones de todas las administraciones públicas.
    2. No consumir en las inmediaciones de los centros de trabajo, ni comida, ni plaza, ni tiendas ni nada de nada (ellos no tienen la culpa, pero nosotros tampoco). Si notan claramente el cambio seguramente que protestan y se unen a nosotros. (podríamos llevar bolsas de compra como hasta ahora pero con la leyenda que diga: “SOY FUNCIONARIO Y YA NO COMPRO”.
    3. Trabajar de forma lenta, pero eficiente.
    4. Ir al baño muchas, muchas veces al día.
    5. Cuando atendamos a la gente y se queje de nuestra lentitud o de nuestra torpeza, decirles claramente que estamos algo extresados con la pérdida de la paga extra de diciembre y que nuestro hijos se queden sin regalos de reyes. ….. y que con el tratamiento que nos ha puesto el psiquiatra tenemos que ir con frecuencia al baño.. por ejm….. por esto no nos pueden hacer nada.

    Todas estas medidas deberían de ser claras y tomadas en conjunto por la mayor parte de la función pública, deberían de ser avisadas a la administración y publicadas en prensa, para que todo el mundo sepa porque actuamos así, y hasta que punto se nos está tocando las narices y que a pesar de existir todavía algún funcionario “de los antiguos” “caraduras y vividores”, existimos muchos otros trabajadores y defensores de los ciudadanos y de la propia administración que nos está hundiendo, tanto la una como los otros que se alegran de nuestra desgracia.

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  5. Me alegro de que haya llegado este blog a mi buzón. Debemos distribuirlo por todos nuestros contactos. Si los mineros han podido, nosotros somos muchos más. Sigue habiendo un montón de cargos, carguillos y demás asesores que cobran mucho más. Podemos hacer un esfuerzo, pero TODOS y proporcional a lo que se cobra. Hay que luchar por negociar. No es lo mismo lo que supone quitar una paga a un auxiliar que a un vocal asesor. Tenemos que forzar que se apliquen medidas, como mínimo consensuadas y buscando el efecto menos lesivo en cada familia individual. Porque no vale tabla rasa para todos igual: el que gana 6.000 0 9.000 o 12.000 euros al mes, seguro que pasa buenas Navidades sin esa paga, pero los que ganan los 1.000 o 1.500 ¿qué? No es justa la "tabla rasa". Esto hay que pararlo. Propongo "huelga de brazos caidos", tal vez así se note lo que es un pais con todo el funcionariado parado. Que nuestros gobernantes, se enteren y dejen de fomentar el castigo al que nos someten siempre. Esto no es nuevo, somos uno de los "chivos expiatorios" de esta sociedad. Ahora es el momento, de tirar hacia delante todos juntos.

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  6. Creo que deberíamos formular todos una denuncia por "mobbing laboral", que es lo que están ejerciendo sobre nosotros. Yo por lo menos me siento maltratada e insultada por todos los políticos.

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  7. He escrito anteriormente, que yo me considejo sometida a "mobbing laboral" y buscando la definición coíncide con todo lo que estamos padeciendo.
    Llevo 39 años trabajando en la Admón. y como supuestamente me quedan menos de 5 años para jubilarme y mi trabajo es extresante (personal, con todo lo que implica, altas, bajas, permisos, ILT, accidentes laborales, permisos, estadísticas, partes de todas estas incidencias, etc. y las nóminas de todo el personal funcionario y laboral, me supone un verdadero esfuerzo), he solicitado la reducción en 1/2 de mi jornada laboral diaria -que es lo que nos han aumentado- económicamente me supone un 6,67% de sueldo -yo entiendo que ésto es lo que nos han bajado otra vez de sueldo de manera solapada- ¿No es esto Mobbing?

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  8. RECORTADOS :

    Un compañero minero comenta acerca de nuestras espontáneas protestas :

    “NUNCA HUBO UN COLECTIVO CON TANTO PODER Y CON TANTO MIEDO A EJERCERLO”

    Nosotros llevamos 45 días de huelga. Si tuviésemos el poder que vosotros tenéis (poder paralizar la administración y el estado) pondríamos a los políticos de rodillas.

    Compañeros Recortados, ¡despertad! Ejerced el poder que tenéis:¡¡¡ a la huelga de brazos caídos !!!, ¡¡¡ que no salga el trabajo !!!, ¡¡¡ que se paralice todo hasta que negocien !!!

    Utilicemos las redes sociales, los msn, lo teléfonos móviles y todo lo que las nuevas tecnologías ponen a nuestro alcance para difundir este mensaje :

    “NUNCA HUBO UN COLECTIVO CON TANTO PODER Y CON TANTO MIEDO A EJERCERLO.

    A LA HUELGA DE BRAZOS CAIDOS. QUE NO SALGA EL TRABAJO, QUE SE PARALICE TODO.”

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  9. Ni en el tiempo de los reyes tenían tantos consejeros, ni estos tantos asesores como existen en la actualidad en esta nuestra España.

    Debemos obligar al gobierno se auto_disminuya en cuanto a políticos que No saben hacer nada y requieren estos contratar sus asesores, personajes estos que están quitando el sueldo a aquellos funcionarios cualificados para desempeñar este tipo de actividades.

    jlg (2012)

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  10. La Bolsa de ex-consejeros, ex-asesores, ex-diputados, ex.senadores, ex-ministros de todas las Administraciones es enorme y cada año se incrementa ya que mantienen sus sueldos cuando dejan sus funciones, algunos, de por vida.Para que existe el Senado? como cementerio de elefantes políticos con unos sueldos de Leones.Tienen que desaparecer todos los asesores, sus funciones las podemos hacer los EEPP, Si además de esto se pusiera de tope salarial 70.000 euros anuales en la Administración Pública, equilibraríamos la deuda y no haría falta tomar mas medidas de recorte contra nuestro colectivo ni tampoco debilitaríamos el Estado de Bienestar construído con el esfuerzo de todos durante estos últimos 35 años.

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